Recientemente, parte de la prensa catalana ha publicado una editorial acerca de la "dignidad de Catalunya". Esta editorial viene a decir cuáles serían las consecuencias de una posible emisión de una sentencia recortadora del articulado del Estatut, el cual lleva ya más de 3 años entre las paredes del Tribunal Constitucional a la espera de que sus jueces se pronuncien sobre el texto recurrido.
Resulta particular y no lejos de cierto egocentrismo que las direcciones de algunos medios de comunicación catalanes se atribuyan la opinión y la dignidad de la totalidad de la población catalana. Recuerda a cuando nuestros queridos Reyes se atribuían su poder por designio divino. Nadie les había atribuido sus poderes, pero hablaban en nombre de todos.
Pudiera ser, por otro lado, que hablasen en nombre del 73% de los ciudadanos que, dentro del 49,41% de los votantes del texto estatutario dijeron sí al Estatuto.
Es por tanto, una postura cercana al egocentrismo y a la personificación de la voluntad de un pueblo por parte de la Dirección de diversos medios de comunicación pues, ¿suscribieron sus trabajadores la editorial?. Creo que resulta bastante claro el punto al que quiero llegar.
Por otro lado, huiré de las reacciones de la prensa de Madrid ha tenido a esa editorial, sobre todo por parte de la prensa más cercana a posturas conservadoras y/o de derechas, pues lo único que han buscado es exarcerbar el nacionalismo intrínseco de gran parte de la población madrileña al fin de vender periódicos y de, como viene siendo habitual, confrontar a unas regiones con otras.
Quizá mi punto de vista no sea del todo objetivo. ¿Por qué? Será porque me encanta Cataluña. Me gusta su cultura, me interesa su lengua, me fascina su gastronomía y encima soy socio del Barça, pero, ¿qué le vamos a hacer?
Sin embargo, y dejando sentimentalidades aparte, desde mi humilde punto de vista, esta situación refleja un tremendo fracaso de la clase política de este país.
Lo primero de todo y quizá lo más sangrante es que, mientras por un lado se alude al "espíritu constitucional", a los méritos y éxitos de la Transición, a la pluralidad que afirma en su artículo 2 (el cual cada uno interpreta como le viene en gana en función de lo que le interese en cada momento, si bien el TC ya se ha pronunciado al respecto), por otro lado, estamos dándole, literalmente palos en la cabeza al mismo texto cuando se dice que "Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España." o que la sentencia que emane del Alto Tribunal puede ser "un cerrojazo institucional (...) contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador." Así que, nos encontramos con que, si la sentencia deja el articulado como está o no toca los puntos claves que, mucho se dice de los miedos "españolistas" frente al Estaturo, pero en ningún momento se hace referencia a cuál o cuales artículos serían susceptibles de ser declarados inconstitucionales sin que ello supusiese un "ataque a la dignidad de Cataluña".
Por otro lado, podemos estar más de acuerdo en que "el corazón de la democracia" como recientemente lo definió el Presidente del Gobierno, tenga las "válvulas obturadas" pues ralla lo cómico y dantesco al mismo tiempo que uno de los elementos claves, garantes de la Constitución se encuentre en la situación en la que está, es decir, bloqueado y caduco, pero no es menos cierto que por ello no deja de ser legítimo o sus decisiones menos válidas.
Y quienes digan que lo que este artículo, dentro de la libertad de expresión que recoge la Constitución (aunque ya empiezo a dudar si la parte buena o la parte mala, pues parece ser que así se divide nuestro texto constitucional) no pretende presionar, influir, condicionar la posible decisión del Alto Tribunal, miente descaradamente.
Confío, sinceramente, en que decidirán la constitucionalidad del texto bajo ninguna influencia y acorde a como proclama la Ley Órganica del Tribunal Constitucional (ley de igual rango que el Estatuto), "Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función."El texto ya va muy extenso así que lo dejaré de momento aquí para hacer más "light" la lectura. Seguiré con mis reflexiones próximamente.
